BUENOS AIRES.- La diputada Margarita Stolbizer pidió ayer al juez federal, Claudio Bonadio, que procese a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a sus hijos Máximo y Florencia por los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero, negociaciones incompatibles y cohecho en la causa “Los Sauces”.
Lo hizo en un escrito presentado en su calidad de “amiga del tribunal”, en el que sostuvo que, a su criterio, deben quedar procesados todos los indagados en la causa penal porque no lograron en sus descargos “desvirtuar la enorme cantidad de pruebas que dan cuenta de los delitos por los que fueron indagados”, según consignó Télam.
Stolbizer y su abogada, Silvina Martínez, sostuvieron que, entre la prueba, se destaca un informe presentado por el cuerpo de Peritos de la Corte Suprema de Justicia y otro de la AFIP “que dan cuenta de que Los Sauces SA es el fiel reflejo del circuito de plata que va y viene entre las empresas contratistas de obra pública”.
En el escrito se recordó que la sociedad de la familia Kirchner tuvo domicilio fiscal y sede social en la calle Alcorta 76 de Río Gallegos “aunque en dicha sede no se encuentra a la empresa ni tiene nada que ver con la misma”.
“Se trata de un domicilio ficticio y llama la atención una inmobiliaria que se dedica al alquiler de inmuebles que no posea lugar físico real ni página web ni modo de que los interesados puedan acercarse para una locación”, se agregó.
Para la diputada, “en la realidad, su finalidad siempre fue alquilar los bienes de su titularidad a empresas de Lázaro Báez (Valle Mitre, Loscalzo y del Curto y Kank y Costilla) y firmas de Cristóbal López o grupo Indalo (Inversora M&S y Alcalis de la Patagonia)”.
Stolbizer advirtió que los alquileres a personas físicas de las propiedades de los Kirchner comenzaron a fines de 2015, con el cambio de gobierno.
Hasta ahora
Bonadio ya citó a indagatoria a la ex presidenta, sus hijos Máximo y Florencia, el detenido empresario Lázaro Báez y al empresario Cristóbal López, entre otros, en la causa que investiga el alquiler de las propiedades de los Kirchner a los dos principales beneficiarios con la obra pública durante el kirchnerismo como parte de un supuesto pago de sobornos.
Los Kirchner acudieron esta semana a la sede de los tribunales federales de Comodoro PY. Tanto Máximo, Florencia como Cristina no quisieron declarar, simplemente se limitaron a presentar cada uno un escrito pidiendo el sobreseimiento.
La ex presidenta dijo que estaba siendo víctima de una “calesita judicial” y se catalogó como una “perseguida política”. Además, cargó las tintas contra el juez, señalando que no reunía la condición de ser imparcial por estar controlado por el gobierno de Mauricio Macri. (Télam)